Bogotá, 19 de enero de 2026. En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2025, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, subrayó que el Acuerdo Final de Paz de Colombia “tiene carácter integral y debería implementarse en su totalidad para que su promesa de paz, justicia y reconciliación se cumpla plenamente”. Añadió que aborda un legado de brechas en las obligaciones sociales, económicas y políticas del Estado, al tiempo que contribuye a sanar las heridas causadas por el conflicto.
António Guterres reconoció los avances logrados durante los últimos años, particularmente el establecimiento de marcos normativos y administrativos que, en algunos casos, recibieron recursos presupuestales. Estos esfuerzos derivaron en progresos significativos en la distribución de tierras durante la actual administración. Invitó al Gobierno a priorizar la consolidación de las iniciativas anunciadas.
Respecto a la renovación del mandato de la Misión de Verificación, que tuvo lugar durante el período que cubre el informe, el Secretario General subrayó las medidas proactivas para ajustar la estructura de Misión, a fin de seguir contribuyendo a la construcción de paz, preservar la presencia territorial y la capacidad para cumplir eficazmente el mandato.
El Secretario General destacó, igualmente, la importancia de adoptar medidas de seguridad sólidas para salvaguardar las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia en todo el país, así como de cumplir el ‘Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia’, liderado por la Defensoría del Pueblo. (70) “Deben mantenerse y consolidarse aún más la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para la oposición política, posibles gracias al Acuerdo Final”, añadió.
Reforma rural, piedra angular para la paz
El Secretario General exhortó al Gobierno a continuar impulsando la distribución y formalización de tierras, así como a ampliar la presencia del Estado y el acceso a los servicios básicos en las comunidades rurales. Recordó que la reforma rural integral permite atender factores estructurales del conflicto, reducir las disparidades entre las zonas rurales y urbanas y combatir la pobreza rural.
Según el Ministerio de Agricultura, hasta noviembre de 2025, se habían entregado 291.030 hectáreas de tierras a campesinos sin tierra, víctimas y mujeres rurales desde la firma del Acuerdo; lo que representa casi el 10 % del objetivo de tres millones de hectáreas establecido en el Acuerdo. Por su parte, la formalización de tierras asciende actualmente a 3.635.349 hectáreas desde la firma del Acuerdo, lo que supone más de la mitad del objetivo de siete millones de hectáreas estipulado en este último.
A pesar de estos avances, persisten retos importantes como la asignación de recursos, la coordinación institucional eficaz y la mitigación de los riesgos de seguridad. El informe señala que el Congreso aún no ha realizado la sesión plenaria sobre el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria; su creación, definida en el Acuerdo de Paz, busca agilizar la resolución de conflictos sobre la tenencia y uso de la tierra en zonas rurales.
Reincorporación, fundamental para consolidar la paz y garantizar la estabilidad
Nueve años después del Acuerdo Final, más de 11 mil excombatientes siguen participando en su proceso de reincorporación con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y es objeto de verificación por parte de la Misión.
Si bien se han establecido los marcos normativos y de política pública de reincorporación necesarios, António Guterres señaló que ahora es esencial centrar la atención en acciones concretas para su implementación. Subrayó la importancia de prestar especial atención al acceso a la tierra y la vivienda, así como la sostenibilidad económica de las actividades productivas de la población firmante, independientemente del lugar donde habiten. “Hago un llamado al Gobierno para que, durante los meses que restan de su mandato, trabaje para acelerar este proceso, asegurando que se cumplan los compromisos y que los excombatientes cuenten con bases más sólidas para integrarse plenamente en la vida civil con dignidad y seguridad”.
En el período que cubre el informe, se dieron avances en la entrega de tierras para los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), contribuyendo a que la actual administración avance en su objetivo de dotar de tierras a todos los ETCR antes de la finalización de su mandato. Aunque se presentaron avances en acceso a vivienda dentro de los ETCR, el 85% de los excombatientes que reside fuera de los ETCR sigue teniendo pocas opciones para acceder a vivienda y servicios básicos.
Garantías de seguridad, el reto más acuciante
Durante el período, el informe registró el asesinato de tres firmantes de paz en los departamentos de Meta y Valle del Cauca, lo que elevó a 45 el total de asesinatos verificados en 2025; un aumento del 36 % en comparación con 2024. El informe señala que, pese al deterioro de la situación de seguridad, la coordinación eficaz entre las autoridades nacionales y territoriales permitió realizar en 2025 al menos 70 evacuaciones de emergencia de excombatientes que se enfrentaban a riesgos inminentes. La Misión verificó y brindó apoyo a estas operaciones. Desde la firma del Acuerdo Final, 487 excombatientes han sido asesinados y 168 han sido víctimas de intento de homicidio.
Entre el 27 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) recibió 13 denuncias de masacres, con 33 víctimas registradas. Durante el mismo período, ONU Derechos Humanos recibió 33 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos. Respecto al desplazamiento masivo forzado, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó la afectación de 6.500 personas y el confinamiento de 4.400, entre el 27 de septiembre y el 26 de noviembre.
“Garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables, incluida la de líderes sociales y excombatientes, es una prioridad urgente que no debe posponerse”, subrayó António Guterres frente a la situación. Reiteró, así mismo, su llamado a las autoridades colombianas para que hagan un uso pleno y efectivo de los instrumentos previstos en el Acuerdo de Paz que pueden contribuir a este objetivo, como la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Insistió en la necesidad de lograr una presencia integral y sostenida del Estado en todo el territorio, así como garantizar la estrecha coordinación de las instituciones nacionales y locales. “Insto al Gobierno a que aborde estos asuntos con determinación, a fin de crear las condiciones necesarias para una estabilidad duradera”, concluyó.
El Secretario General se mostró especialmente preocupado por la situación de reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de actores armados ilegales. Resaltó que constituye una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. “Condeno enérgicamente esta práctica, que afecta a pueblos étnicos en particular, insto a todos los grupos armados a que dejen de reclutar y utilizar a niños y niñas y hago un llamado a las autoridades para que adopten todas las medidas preventivas necesarias durante las acciones militares para salvaguardar la vida y los derechos de los menores”.
La paz en Colombia, una aspiración nacional
El Secretario General acogió con satisfacción la reciente adopción del decreto ejecutivo que confiere carácter vinculante al Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad. Señaló, sin embargo, que estos avances aún no se han traducido en mejoras tangibles en la vida cotidiana de las mujeres ni en el fortalecimiento de sus garantías de seguridad, incluso durante los procesos electorales.
“La paz en Colombia es tanto un anhelo nacional como una inversión colectiva en la estabilidad, que beneficia a la región y al mundo. De cara al futuro, insto a los Estados Miembros a que acompañen sus compromisos políticos de los recursos financieros y técnicos necesarios para marcar una diferencia real sobre el terreno. Es esencial que todas las partes involucradas pasen de las palabras a la acción, para garantizar que la aspiración de paz y seguridad se convierta en una realidad duradera para todos los colombianos y las colombianas”, concluyó el Secretario General.
El informe será presentado en Nueva York el 23 de enero por el sr. Miroslav Jenča, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
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