Las Oficinas en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestaron hoy creciente preocupación por las violaciones de las garantías básicas que sufre desde marzo último la población del Departamento del Chocó.

Esos atropellos han ocasionado el desplazamiento forzado de más de 6.000 personas y la restricción de movilidad de al menos 7.000 más. 

Un comunicado conjunto de esas dependencias afirma que la situación es resultado de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y otras acciones violentas en el marco del conflicto interno. 

Ambas Oficinas consideraron que para prevenir el impacto sobre la población civil es esencial que las partes del conflicto cumplan con todas sus obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario, en particular aquellas de no establecer bases cerca de asentamientos de población civil y de no realizar bombardeos que pongan en riesgo a esta población. 

Según el texto, la mayoría de los desplazados son indígenas y afrocolombianos que se han trasladado a las cabeceras municipales en busca de protección y refugio.

Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, instó a los actores armados ilegales a no utilizar a la población civil como escudo y exhortó a la fuerza pública a observar en todo momento los principios de protección, distinción, precaución, necesidad militar y proporcionalidad en el marco de sus operaciones.

ACNUR y la Oficina para los Derechos Humanos solicitaron la adopción urgente de todas las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de la población civil que habita zonas, como las del departamento del Chocó.

Asimismo señalaron que permanecerán en el terreno, listas para cooperar con las instituciones del Estado para atender esta situación, superar las causas que la están provocando y acompañar a las poblaciones afectadas.